El siguiente texto constituye un estudio de historia alternativa (ucronía) que analiza las implicaciones geopolíticas, institucionales y sociales que habrían derivado de una consolidación de la Segunda República Española tras el año 1937. Apoyándose en las dinámicas de control real, segregación habitacional y centralización agraria que el estalinismo ya aplicaba en la URSS, esta publicación proyecta de una forma realista el destino de la península ibérica convertida en un puesto de avanzada de Moscú en el Atlántico.
El 17 de Abril de 1931, tres días después de la proclamación de la Segunda República Española, el diario soviético Pravda publicó un editorial señalando que la revolución española se encontraba en su fase burguesa y que el desarrollo posterior debía orientarse hacia la instauración de una estructura de consejos. Lo que en ese momento formaba parte de una línea de análisis teórica de la prensa de Moscú, pocos años después se transformaría en un factor de influencia estructural debido al desarrollo de la Guerra Civil Española.
La Segunda República no se estructuró originalmente bajo parámetros pro-soviéticos. En las elecciones de Febrero de 1936, el Partido Comunista de España (PCE) representaba una minoritaria en el Congreso de los Diputados, con 17 escaños de un total de 473. La dirección del Frente Popular recaía en los partidos republicanos de izquierda y en el sector mayoritario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En Julio de 1936, tras el estallido de la Guerra Civil, Francia y el Reino Unido promovieron el Pacto de No Intervención, restringiendo la venta de material bélico al gobierno de Madrid. Ante los suministros logísticos recibidos por el bando sublevado desde Alemania e Italia, la URSS se convirtió en el principal proveedor de armamento y asistencia técnica del gobierno republicano. Esta exclusividad en los intercambios comerciales y militares estableció una dependencia material directa respecto a la administración de Stalin.
Siguiendo las directrices fijadas por la Internacional Comunista, el PCE defendió públicamente la preservación de la república democrática burguesa con el fin de evitar el aislamiento diplomático frente a las potencias occidentales. Sin embargo, a nivel organizativo, el partido adoptó la estructura ideológica, los métodos de control de los comisarios políticos y la simbología estatal de la URSS.
El ala marxista del PSOE y la Unión General de Trabajadores (UGT), bajo la dirección de Francisco Largo Caballero, plantearon antes del conflicto una dictadura del proletariado. Sin embargo, una vez en la jefatura del Gobierno, el sector caballerista rechazó las decisiones militares a los asesores soviéticos, lo que generó tensiones que influyeron en la sustitución del ejecutivo en Mayo de 1937.
La oposición a la mimetización con el Estado soviético generó fracturas internas dentro de la propia República. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT-FAI) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) consideraban que las directrices de la URSS priorizaban los intereses de Moscú sobre la transformación social interna, enfrentándose el POUM y el Estado en Mayo de 1937 en Barcelona.
En Octubre de 1936, el ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Juan Negrín, dispuso el envío de 510 toneladas de oro de las reservas del Banco de España hacia los depósitos estatales de la URSS en Odessa. La operación, destinada al pago de material militar, supuso la pérdida del control directo sobre la liquidez del Estado y sometió la capacidad de compra de la República a la fiscalización soviética.
La delegación diplomática soviética, coordinada en materia de seguridad por Alexander Orlov, estableció centros de detención e interrogatorio que operaban de forma independiente a la judicatura española.
CRÓNICAS DEL OLVIDO HISPANO: La España Soviética - (1936 Alternativo).
La Armada de la República consolida un bloqueo efectivo en el Estrecho de Gibraltar, impidiendo el cruce continuado de las unidades del Ejército de África. Ante la falta de suministros estratégicos inmediatos y la ralentización de la ayuda del Eje, el bando nacional sufre una fragmentación en el mando tras la pérdida de sus principales activos militares, lo que conduce a la entrega de las plazas del Protectorado de Marruecos y del norte peninsular a mediados de 1937. Francisco Franco seria capturado, procesado conforme a la legislación penal militar y fusilado en Madrid en 1937.
La finalización de la campaña militar da paso a una reconfiguración del Frente Popular. El cese de la actividad política del presidente Juan Negrín en 1938, gracias al atentado con artefacto explosivo en el centro peninsular, acelera el desplazamiento del equilibrio de poder. El PCE asume de forma directa la dirección de la Defensa, Gobernación y Justicia.
Siguiendo la normativa de seguridad y reconstrucción nacional, el nuevo ejecutivo decretaría la disolución de los comités regionales de la CNT y confinaría a los sectores de la izquierda en campos de trabajo en el norte de África, unificando la administración bajo un mando centralizado.
Coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa en Septiembre de 1939, la República adoptaría una posición diplomática condicionada por el marco de relaciones de no agresión vigente entre el Tercer Reich y la URSS. Las estructuras del Estado se unificarián bajo la dirección del Partido Comunista, situando a Dolores Ibárruri como la principal referencia doctrinal e institucional.
La invasión de la URSS por parte del ejército alemán en Junio de 1941 altera la posición exterior de Madrid y la República declara la movilización de sus recursos en apoyo al bloque soviético.
La producción de material minero en Asturias y el País Vasco, junto con la exportación agrícola colectivizada, se dirige a cubrir las demandas de abastecimiento de la URSS. Esta implicación sitúa la frontera de los Pirineos como una línea de alta fricción militar, con la consiguiente fortificación del sur de Francia por parte de las fuerzas del Eje.
Sobre Mayo de 1945, tras la caída de los regímenes del Eje, España se integra formalmente en el bloque de los Estados vencedores, sin embargo, a diferencia de Europa Occidental, que inicia su proceso de estabilización institucional bajo el Plan Marshall, la República Española permanece bajo la órbita de control de Moscú y no recibe subsidios económicos para su reconstrucción.
A partir de 1945, la socioeconómica de la Republica sufriría una mutación para adaptarse a las costumbres de la jerarquía del Bloque del Este. Al igual que ocurrió en Crimea o en las costas del Mar Negro, la costas mediterráneas españolas serian objetivo de una reestructuración urbana radical.
Grandes extensiones de costa y playas enteras son declaradas "zonas de seguridad nacional" y privatizadas para el uso exclusivo de los diplomáticos, asesores militares, agentes del aparato de inteligencia y la alta nomenclatura del PCE, fuertemente custodiados por la Guardia de Asalto (Cuerpo Policial de la II Reepublica Española). Mientras la población local sufre las cartillas de racionamiento y trabaja en cooperativas estatales.
(Nota: Este diseño de control territorial y uso recreativo exclusivo para las élites del Partido fue una constante en todos los Estados integrados en la órbita de influencia soviética).
El punto de inflexión del régimen ocurriría el 5 de Marzo de 1953 con la muerte de Stalin. La desaparición del dictador soviético desata una lucha de poder en Madrid, reproduciendo las tensiones de Moscú. El sector más rígidamente estalinista del PCE, que había articulado la doctrina de seguridad y las depuraciones de los años 1940, empieza a perder influencia frente a facciones reformistas.
En 1956, tras el Vigésimo Congreso del PCUS y el Discurso Secreto de Nikita Jrushchov denunciando el culto a la personalidad, el gobierno de la República inicia su propio proceso de desestalinización. Se clausuran los centros de detención especiales más notorios, se atenúa la rigidez en la censura cultural y se reabren las fronteras al tráfico de viajeros europeo para la captación de divisas occidentales, aunque manteniendo la estructura unipartidista de las instituciones del Estado.









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